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SINALOA: POSICIONAMIENTO

Audiencias Públicas en Sinaloa, mecanismo insuficiente de Parlamento Abierto

POSICIONAMIENTO

El Congreso de Sinaloa aprobó ayer el nuevo marco normativo en materia de transparencia, con 34 votos a favor y tres en contra (en lo general), incluyendo sólo tres de las 17 propuestas realizadas por organismos ciudadanos.

En un proceso apresurado ya que las comisiones dictaminadoras activaron este proceso legislativo a mediados de abril, luego de que cinco de siete de sus integrantes pidieron licencia para competir en las elecciones de junio-, el 22 de abril se celebraron una audiencia pública en las que participaron integrantes de sociedad civil para realizar comentarios sobre el proyecto de ley con la finalidad de construir un documento más sólido y garantista del derecho de acceso a la información. Participaron representantes de Parlamento Ciudadano, periódico Noroeste, Coparmex, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, Fundar, el Colectivo por la Transparencia e Iniciativa Sinaloa.

El lunes 2 de mayo se realizó una reunión entre diputados e integrantes de sociedad civil para profundizar en la incorporación de las propuestas vertidas en las audiencias públicas. En esta reunión los diputados presentaron argumentos sobre la no incorporación de dos temas: la eliminación del veto del Gobernador al nombramiento de comisionados del órgano de transparencia, y sobre la propuesta de aplicar un mecanismo técnico para elegirlos. Sobre el resto de las propuestas no hubo argumentos.

El día de ayer, diputados del PRI y del PAN presentaron reservas a siete artículos, todos ellos relacionados con peticiones concretas presentadas en la audiencia pública celebrada el 22 de abril en el Congreso local. De las 17 propuestas que Iniciativa Sinaloa, el Colectivo por la Transparencia y Fundar realizaron, la LXI Legislatura incluyó sólo tres.

Dentro de las propuestas incluidas está la integración de un Comité de Acompañamiento de cinco ciudadanos para colaborar en los procesos de selección de comisionados del órgano estatal de transparencia, Ceaip, medida que permite la construcción de procedimientos transparentes y participativos.

Sin embargo, el Congreso de Sinaloa, integrado por 22 legisladores del PRI, 9 del PAN, 3 del Partido Sinaloense -en su mayoría- perdió la oportunidad de construir un marco normativo más garantista al rechazar la propuesta que aseguraría que los comisionados fueran elegidos mediante un instrumento técnico de evaluación. Los diputados rechazaron propuestas relacionadas con mayor transparencia legislativa, como lo es la apertura de información sobre declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses como obligatorias y transparentes.

El Congreso también aisló a Sinaloa de la oportunidad de sumarse al esfuerzo de los restantes estados del Noroeste para transparentar información medioambiental. Tanto Baja California, Baja California Sur y Sonora, incluyen en sus leyes obligaciones de transparencia ambiental que permitirán dar a conocer información sobre un tema fundamental para la región.

La propuesta de tres organismos ciudadanos de incluir no sólo las declaraciones patrimoniales como obligatorias y públicas, sino también la fiscal y la de intereses para todos los servidores públicos, terminó en una acción regresiva después de que en lo particular- se discutió la propuesta del diputado priista César Fredy Montoya y fue aprobada por mayoría.

El legislador pidió modificar el texto de la ley que ya establecía la obligación de difundir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados a presentarlas en Sinaloa- para quedar como lo señala la Ley General de Transparencia, potestativo, es decir, solo para quienes lo determinen.

POSICIONAMIENTO

Desde nuestras organizaciones manifestamos nuestra inconformidad por la actuación mostrada por el Congreso de Sinaloa, al abrir audiencias públicas con una visión que resulta insuficiente para co-crear una mejor ley para el estado, con la participación de quienes día a día vivimos el ejercicio del Derecho de Acceso.

Un ejercicio de parlamento abierto debe asegurar que las opiniones y propuestas vertidas por la sociedad son consideradas y en caso de que no lo fueran, que existen justificaciones suficientes para no ser integradas.

Los organismos que participamos en la audiencia reconocemos que ese evento es apenas un primer paso para lograr un trabajo colaborativo con nuestros representantes legislativos, pero para que ese tipo de espacios cumplan con la esencia de su rol, es necesario ir más allá y reconocer en los organismos y ciudadanos su capacidad y experiencia para aportar.

Lamentamos que las obligaciones en materia de legislativa y medioambiental, así como las concernientes a las declaraciones, hayan sido excluidas sin argumentos firmes. Sinaloa perdió una oportunidad para trascender frente a sus ciudadanos, yendo más allá de la propia Ley General de Transparencia.